En Chile, el sector de la seguridad privada está en pleno proceso de transformación. Con la promulgación de la Ley N.º 21.659 de Seguridad Privada, se establecen estándares más exigentes para empresas que operan servicios de vigilancia, control y monitoreo, reforzando su rol como complemento estratégico de la seguridad pública.
Entre los cambios más destacados están la obligación de obtener licencias específicas, certificación del personal operativo, regulación del equipamiento y una supervisión normativa más rigurosa que nunca.
El crecimiento del mercado ha sido vertiginoso: en los últimos años el número de empresas de seguridad privada aumentó sustancialmente, con un fuerte alza en ventas y en la cantidad de trabajadores, lo que da cuenta de la importancia que este rubro ha adquirido en la protección de bienes, personas e infraestructuras.
No obstante, el nuevo escenario plantea también desafíos clave: profesionalizar el servicio, garantizar que los estándares de calidad y tecnología se cumplan, coordinar eficazmente con autoridades públicas como Carabineros de Chile, y responder a una demanda social creciente por mayor seguridad.
Para las empresas del sector significa adaptarse rápidamente, ofrecer valor añadido (como tecnología de monitoreo, protocolos de emergencia, supervisión permanente) y mantenerse alineadas con los requisitos legales y operativos que ahora pesan con mayor fuerza.
Chile impulsa una nueva era en la seguridad privada: regulación, crecimiento y desafíos
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